En las últimas semanas, la oposición ha invitado he interpelado a por lo menos tres ministros del gobierno con el afán de investigar los actos de corrupción y hallar las responsabilidades consecuentes.
Pese a que nadie duda sobre la necesidad de investigar casos como el contagio de un bebé con el virus del Sida o la compra sobrevalorada de alimentos para los damnificados del Sur o la adquisición fraudulenta de 700 patrulleros y pertrechos antimotines, el máximo representante del gobierno se ha hecho de la vista gorda y guarda un silencio abrumador. Sus delegados en el Congreso se han dedicado a tildar de corruptos a los técnicos que trabajan al amparo y confianza que los ministros les otorgan sin tocar a los encargados de estas carteras.
Hasta hace unos días según el ministro del Interior, Luis Alva Castro, la última compra de pertrechos para la Policía era necesarísima y no tenía ningún viso de corrupción. Hoy, cuando su cabeza se encuentra en la guillotina de la censura, denuncia a aquellos "técnicos" que sobrevaluaron los pertrechos y que, sí pues, no eran tan necesarios.
Cuando el ministro de Salud sale ante los medios con cara de arrepentido junto a doña Judith, contagiada también con el VIH, ¿no debe acaso dar un paso al costado y decir con VERGÜENZA que no pudo evitar éste y decenas de otros casos parecidos?
O ¿qué hace el gobierno del señor García Pérez para buscar castigar a esos "malditos" como él los llama que lucran con el dolor de los damnificados, sabiendo que el fundador de la empresa de zapatos (¿?) que vendió los alimentos sobrevalorados al SIS sería sobrino de Jorge del Castillo?
¿Quién es el responsable político de estos hechos? ¿Si no son Alva Castro, Vallejos, Zavala, Chang y tantos otros,es acaso García?
Estamos ante una serie de denuncias que han llegado al predio del Congreso por la fuerza de los medios y la tarea de la oposición. Una buena medida es el proyecto de ley preparado por la bancada nacionalista para sancionar penalmente a los funcionarios que culposamente permitan hechos de corrupción. Tal vez así García se despercuda de ese mal, del cual adolece hace tiempo.
Pese a que nadie duda sobre la necesidad de investigar casos como el contagio de un bebé con el virus del Sida o la compra sobrevalorada de alimentos para los damnificados del Sur o la adquisición fraudulenta de 700 patrulleros y pertrechos antimotines, el máximo representante del gobierno se ha hecho de la vista gorda y guarda un silencio abrumador. Sus delegados en el Congreso se han dedicado a tildar de corruptos a los técnicos que trabajan al amparo y confianza que los ministros les otorgan sin tocar a los encargados de estas carteras.
Hasta hace unos días según el ministro del Interior, Luis Alva Castro, la última compra de pertrechos para la Policía era necesarísima y no tenía ningún viso de corrupción. Hoy, cuando su cabeza se encuentra en la guillotina de la censura, denuncia a aquellos "técnicos" que sobrevaluaron los pertrechos y que, sí pues, no eran tan necesarios.
Cuando el ministro de Salud sale ante los medios con cara de arrepentido junto a doña Judith, contagiada también con el VIH, ¿no debe acaso dar un paso al costado y decir con VERGÜENZA que no pudo evitar éste y decenas de otros casos parecidos?
O ¿qué hace el gobierno del señor García Pérez para buscar castigar a esos "malditos" como él los llama que lucran con el dolor de los damnificados, sabiendo que el fundador de la empresa de zapatos (¿?) que vendió los alimentos sobrevalorados al SIS sería sobrino de Jorge del Castillo?
¿Quién es el responsable político de estos hechos? ¿Si no son Alva Castro, Vallejos, Zavala, Chang y tantos otros,es acaso García?
Estamos ante una serie de denuncias que han llegado al predio del Congreso por la fuerza de los medios y la tarea de la oposición. Una buena medida es el proyecto de ley preparado por la bancada nacionalista para sancionar penalmente a los funcionarios que culposamente permitan hechos de corrupción. Tal vez así García se despercuda de ese mal, del cual adolece hace tiempo.
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