Cuando los ministros del Interior (Alva Castro), Defensa (Wagner) y de la PCM (Del Castillo) aún no se ponen de acuerdo sobre quiénes fueron los responsables de la muerte de cuatro policías en Huancavelica, ya varias fuerzas políticas y analistas dedicados a la materia han coincidido en la urgencia de encontrar un verdadero plan de lucha contra el narcotráfico para contrarrestar los ataques, que en menos de dos semanas se llevaron la vida de cinco efectivos del orden.
La visión nacionalista para iniciar un Proyecto Efectivo y Soberano que lleve a disminuir la producción de sustancias ilegales y controle al lumpen que convive con la población –donde el Estado sólo es un testigo–, pasa por aplicar el mismo principio que las Fuerzas Armadas y las rondas campesinas utilizaron para derrotar a Sendero: Separar al pueblo, a los campesinos y a los agricultores de estos grupos de poder, procurando el desarrollo de sus zonas y brindándoles seguridad.
El Estado tiene una deuda con ellos, sólo falta la voluntad política para cumplirla. Cambiar la retrógrada visión de combatir al narcotráfico erradicando y erradicando cultivos de hoja de coca como si eso hubiera controlado su incremento a lo largo de los años. Que el Estado pacte con los agricultores para hacerlos sujetos de crédito a través de la compra de sus cultivos y así obligarlos a reconvertirlos en productos alternativos.
Para ello es importante el cumplimiento del Acta de Tocache que incluía el empadronamiento como primer paso para el develamiento de los buenos y malos cocaleros y un acuerdo de los propios agricultores para frenar el incremento de la producción.
Sin embargo, ante la propuesta, el Gobierno patalea, acusa y denigra como si eso retribuyera inmediatamente a su favor. De lo que no se ha dado cuenta es de que, hasta que no tenga una idea o intención clara de combatir al narcotráfico o asumir siquiera una política seria en el sector agrario, no habrá otro responsable más que el Ejecutivo de los ataques que pueden repetirse en el interior.
La visión nacionalista para iniciar un Proyecto Efectivo y Soberano que lleve a disminuir la producción de sustancias ilegales y controle al lumpen que convive con la población –donde el Estado sólo es un testigo–, pasa por aplicar el mismo principio que las Fuerzas Armadas y las rondas campesinas utilizaron para derrotar a Sendero: Separar al pueblo, a los campesinos y a los agricultores de estos grupos de poder, procurando el desarrollo de sus zonas y brindándoles seguridad.
El Estado tiene una deuda con ellos, sólo falta la voluntad política para cumplirla. Cambiar la retrógrada visión de combatir al narcotráfico erradicando y erradicando cultivos de hoja de coca como si eso hubiera controlado su incremento a lo largo de los años. Que el Estado pacte con los agricultores para hacerlos sujetos de crédito a través de la compra de sus cultivos y así obligarlos a reconvertirlos en productos alternativos.
Para ello es importante el cumplimiento del Acta de Tocache que incluía el empadronamiento como primer paso para el develamiento de los buenos y malos cocaleros y un acuerdo de los propios agricultores para frenar el incremento de la producción.
Sin embargo, ante la propuesta, el Gobierno patalea, acusa y denigra como si eso retribuyera inmediatamente a su favor. De lo que no se ha dado cuenta es de que, hasta que no tenga una idea o intención clara de combatir al narcotráfico o asumir siquiera una política seria en el sector agrario, no habrá otro responsable más que el Ejecutivo de los ataques que pueden repetirse en el interior.
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