lunes, 7 de enero de 2008

El ME 41-7: la autoría intelectual (7/01/08)


En el año de 1989, en plena guerra contra Sendero, el gobierno de Alan García publicó un manual de operaciones contrasubversivas: el ME 41-7; con este, su gobierno normó cómo las Fuerzas Armadas debían combatir a Sendero luminoso y al MRTA. En dicho manual, entre otras cosas, se disponía no solo la eliminación de los elementos armados, sino también de los miembros de la Organización Política Administrativa de SL (OPA), es decir, matar a todos los integrantes de los Comités Populares, los cuales solo cumplían funciones administrativas, como, por ejemplo, el "mando de deportes" o el "mando logístico".

Mientras que por el lado de los perdedores (SL y el MRTA), sus respectivas cúpulas vienen asumiendo su responsabilidad política y sus implicancias judiciales, por las más de 35,000 víctimas que corresponderían a su autoría de acuerdo con el informe de la CVR, esto no sucede por parte del Estado vencedor. En este caso, hasta ahora ninguno de los diferentes gobiernos de turno, que condujeron la guerra como "Jefes Supremos de las FFAA", han asumido su responsabilidad política, y más bien permiten que esta recaiga entre los soldados que combatieron y vencieron a SL. Estamos hablando de aproximadamente 1,200 miembros de las fuerzas del orden que vienen sufriendo acoso judicial, para que respondan por los aproximadamente 20,000 muertos y desaparecidos que de acuerdo con el informe de la CVR, corresponde a la autoría del Estado.

Este manual contrasubversivo constituye una prueba contundente de la responsabilidad política de sus autores; el primer gobierno del señor García. Por tal razón, más temprano que tarde, García debería responder por la autoría intelectual en estos hechos.

Este manual minó la moral de los soldados y muchos de los que se negaron a acatarlo, como el comandante Humala y otros, por considerar que su enfoque sobre cómo afrontar el conflicto rebajaba el Ejército a mercenarios, están siendo perseguidos sin pruebas.

lunes, 24 de diciembre de 2007

Nuevas caras, política añeja (24/12/07)


El nombramiento de nuevos ministros en el Gabinete aprista no logró suscitar la expectativa de la oposición, ni del oficialismo. Y ello, porque pese al entusiasmo de los medios de comunicación, era previsible que ninguno de esos enroques cambiará la agenda del actual gobierno.

De hecho, la política inescrupulosa de etiquetar todo lo vendible no variará el próximo año sino que se afianzará con tecnócratas destinados a continuar la estrategia del perro del hortelano instalado en el gobierno. Si alguno tratara de acercarse al cumplimiento de las promesas electorales o de escuchar a la población y sus necesidades pues pasará lo que pasó con Chiquitín Salazar que por firmar un acta de compromiso con los cocaleros fue cesado.

Pero los cambios ministeriales no sólo reafirman el pensamiento y práctica liberal del Gobierno como la designación del laboralista Mario Pasco Cosmópolis, en la cartera de Trabajo, y a quien sus propios compañeros han tildado de "abiertamente proempresarial" sino que también constituyen "obsequios de navidad" para algunos. En vísperas de Navidad, el presidente García ha querido hacer dos regalos: el primero es respaldar en el cargo, pese a todos los indicios de corrupción y varios hechos de muerte, a su compañero Alva Castro que se constituye en el ministro aprista más protegido del régimen. Y el segundo regalo ha sido un claro mensaje de apoyo hacia los fujimoristas con el nombramiento de la ministra de Justicia Rosario Fernández, quien fuera abogada de los hijos de Ernesto Schutz en el dominio por Panamericana, muy allegados al Doc. Este nuevo Gabinete confirma, pues, a la derecha en el gobierno del Perú. No es un cambio de rumbo, sino la afirmación de un programa neoliberal que profundiza las desigualdades en el país y la fractura social. Lo que nos espera el 2008 como producto de la aplicación de estas políticas son variadas movilizaciones en reclamo por una mayor y mejor redistribución de la riqueza.

lunes, 17 de diciembre de 2007

Delegando poder al virrey (17/12/07)


"Es urgente aprobar el TLC con Estados Unidos porque el ATPDEA terminará en el 2006 y, tras ello, miles de peruanos perderán su empleo". Este fue el criterio con el que el gobierno de García insistió para apurar la firma del TLC con EEUU. Era tanta la prisa por que se ratificara el tratado que el gobierno no dudó en enviar varias veces a sus ministros, negociadores y representantes diplomáticos a decirle al presidente Bush lo bien que trataríamos a sus empresas y lo pronto que se solucionarían los procesos judiciales que algunas de ellas mantienen en nuestro país.

Hoy, al escuchar al Ejecutivo exigir la delegación de facultades para iniciar la construcción del marco legal para el TLC, nos damos cuenta de que este proyecto no se apura por órdenes de García sino por la urgencia del gobierno norteamericano que necesita tener un armatoste legal para acomodar sus inversiones y defenderlas.

Cuando Alan García dice a voz en cuello que su gabinete deberá ser censurado si no consigue las facultades para implementar el TLC, que en buena cuenta es una carta blanca para hacer sus propias leyes, no solo amenaza a su Consejo de Ministros, lo que hace es lanzar una indirecta al Congreso de la República, el cual sabe que con dos censuras puede ser cerrado al mismo estilo de Fujimori en clara muestra del nulo respeto que se tiene a la separación de poderes del Estado.

Ya en diciembre del 2006 el ejecutivo tuvo facultades para legislar en materia tributaria, y sabemos de sobra que hasta el momento las grandes transnacionales y las empresas mineras no pagan sus impuestos. Asimismo, se le dio facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana contra el lavado de dinero y el narcotráfico y no presentó ni un solo proyecto hasta un día antes de vencer sus atribuciones, los resultados los conocen las familias de los policías asesinados. En esta delegación de facultades, la diferencia en la efectividad del paquete de medidas que se presentará la hará la Casa Blanca.