DE FRENTE / Nadine Heredia

Alguna vez alguien dijo: "No hay que ser ingenuos en política". Y no hay que serlo al preguntarse por qué desde hace varias semanas el señor Alan García promueve en la agenda política y sostiene en las portadas de diarios, temas que antes no eran prioridad. Obstinaciones como la pena de muerte y el menosprecio a la Corte de San José, forman parte de una estrategia calculada que busca distraer al pueblo del grave vacío de gobierno. Hay dos formas diferentes de conducir el país: ofrecer carnaza para la distracción de la multitud –panem et circenses, dirían los romanos–, y el "gobernar obedeciendo", abordando las demandas del pueblo. Lo primero es mucho más fácil, cómodo y barato que lo segundo. Impulsar un cambio con mecanismos de reflexión y participación del pueblo implica perder poder, tener ante sí un cuerpo social dispuesto a controlar y exigir que se cumplan los ofrecimientos de desarrollo. Ese es el estilo de Alan García. Primero fue la pena de muerte. Entiendo

En la toma de posesión de Daniel Ortega en Nicaragua y de Rafael Correa en Quito, acompañé a Ollanta y comprobé que estas victorias se suman a la corriente de gobiernos progresistas en Latinoamérica, cuyos proyectos políticos reclaman la aspiración de los pueblos por una sociedad más justa y el anhelo de una Latinoamérica unida. La partidocracia tradicional no se da cuenta de cuál ha sido el fundamento del cambio en Bolivia, Brasil, Venezuela y ahora en Nicaragua y en Ecuador, donde estos proyectos han ganado por KO. Las políticas neoliberales que fueron implantadas en las constituciones latinoamericanas y que dieron y protegieron el poder económico a una minoría autoritaria y excluyente, fueron cuestionadas por estos gobiernos que en la mayoría de casos, dieron paso a una Constituyente para promover una nueva y participativa constitución, a pesar de las resistencias de los sectores más conservadores. La Constituyente sirve para dar poder al pueblo y construir una legitimidad real para