En el año de 1989, en plena guerra contra Sendero, el gobierno de Alan García publicó un manual de operaciones contrasubversivas: el ME 41-7; con este, su gobierno normó cómo las Fuerzas Armadas debían combatir a Sendero luminoso y al MRTA. En dicho manual, entre otras cosas, se disponía no solo la eliminación de los elementos armados, sino también de los miembros de la Organización Política Administrativa de SL (OPA), es decir, matar a todos los integrantes de los Comités Populares, los cuales solo cumplían funciones administrativas, como, por ejemplo, el "mando de deportes" o el "mando logístico".
Mientras que por el lado de los perdedores (SL y el MRTA), sus respectivas cúpulas vienen asumiendo su responsabilidad política y sus implicancias judiciales, por las más de 35,000 víctimas que corresponderían a su autoría de acuerdo con el informe de la CVR, esto no sucede por parte del Estado vencedor. En este caso, hasta ahora ninguno de los diferentes gobiernos de turno, que condujeron la guerra como "Jefes Supremos de las FFAA", han asumido su responsabilidad política, y más bien permiten que esta recaiga entre los soldados que combatieron y vencieron a SL. Estamos hablando de aproximadamente 1,200 miembros de las fuerzas del orden que vienen sufriendo acoso judicial, para que respondan por los aproximadamente 20,000 muertos y desaparecidos que de acuerdo con el informe de la CVR, corresponde a la autoría del Estado.
Este manual contrasubversivo constituye una prueba contundente de la responsabilidad política de sus autores; el primer gobierno del señor García. Por tal razón, más temprano que tarde, García debería responder por la autoría intelectual en estos hechos.
Este manual minó la moral de los soldados y muchos de los que se negaron a acatarlo, como el comandante Humala y otros, por considerar que su enfoque sobre cómo afrontar el conflicto rebajaba el Ejército a mercenarios, están siendo perseguidos sin pruebas.
Mientras que por el lado de los perdedores (SL y el MRTA), sus respectivas cúpulas vienen asumiendo su responsabilidad política y sus implicancias judiciales, por las más de 35,000 víctimas que corresponderían a su autoría de acuerdo con el informe de la CVR, esto no sucede por parte del Estado vencedor. En este caso, hasta ahora ninguno de los diferentes gobiernos de turno, que condujeron la guerra como "Jefes Supremos de las FFAA", han asumido su responsabilidad política, y más bien permiten que esta recaiga entre los soldados que combatieron y vencieron a SL. Estamos hablando de aproximadamente 1,200 miembros de las fuerzas del orden que vienen sufriendo acoso judicial, para que respondan por los aproximadamente 20,000 muertos y desaparecidos que de acuerdo con el informe de la CVR, corresponde a la autoría del Estado.
Este manual contrasubversivo constituye una prueba contundente de la responsabilidad política de sus autores; el primer gobierno del señor García. Por tal razón, más temprano que tarde, García debería responder por la autoría intelectual en estos hechos.
Este manual minó la moral de los soldados y muchos de los que se negaron a acatarlo, como el comandante Humala y otros, por considerar que su enfoque sobre cómo afrontar el conflicto rebajaba el Ejército a mercenarios, están siendo perseguidos sin pruebas.
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