Hace aproximadamente 4 siglos a. C., Sócrates demostró que en política todos tenemos derecho a opinar. Lamentablemente el gobierno no piensa igual cuando se trata de la libertad de opinión de aquellos afectados por la minería. Más allá de discutir si la consulta tiene carácter vinculante o no, la actitud del gobierno denota el miedo que las élites dominantes tienen a una verdadera democracia donde el pueblo participe y sea consultado sobre las actividades a realizarse dentro de su jurisdicción.
Evidentemente esta actitud del gobierno pone en tela de juicio su tan mentada defensa a la libertad de expresión y desnuda la intención de utilizar este principio sólo para amparar aquello que comulga con sus ideas pero no para permitir el derecho ciudadano de acceder a los medios de comunicación y menos para legitimar a aquellos periodistas y medios opositores. El amedrentamiento a periodistas y medios se ha extendido desde principios del gobierno, el cierre de 3 radios y 3 televisoras en Áncash, el cierre de Radio Orión en Pisco argumentado falta de licencia y la amenaza lanzada contra Radio Cutivalú de Piura son ejemplos claros de cómo este gobierno interpreta el concepto de la libertad de expresión.
Lo cuestionable es cómo las grandes empresas de comunicación en Lima no se han solidarizado organizando alguna marcha de protesta a favor de sus colegas como sí lo hicieron con RCTV, cadena venezolana a la que se le había terminado la licencia. La utilización hipócrita de la "libertad de expresión" cumple una función represiva de los grandes poderes que controlan el país contra aquellos que cuestionan el sistema, pero es bienvenida cuando se trata de proteger sus intereses.
La consulta popular planificada en Piura es legítima y busca la reflexión del gobierno y de las empresas mineras para que entiendan que una buena inversión es aquella que paga impuestos y regalías, genera transferencias tecnológicas, da empleo y busca el desarrollo y mejora de la calidad de vida de los habitantes, respetando su medio ambiente. Este es un problema nacional y Majaz un precedente importante de que el habitante de zonas mineras ya no se quedará de brazos cruzados.
Evidentemente esta actitud del gobierno pone en tela de juicio su tan mentada defensa a la libertad de expresión y desnuda la intención de utilizar este principio sólo para amparar aquello que comulga con sus ideas pero no para permitir el derecho ciudadano de acceder a los medios de comunicación y menos para legitimar a aquellos periodistas y medios opositores. El amedrentamiento a periodistas y medios se ha extendido desde principios del gobierno, el cierre de 3 radios y 3 televisoras en Áncash, el cierre de Radio Orión en Pisco argumentado falta de licencia y la amenaza lanzada contra Radio Cutivalú de Piura son ejemplos claros de cómo este gobierno interpreta el concepto de la libertad de expresión.
Lo cuestionable es cómo las grandes empresas de comunicación en Lima no se han solidarizado organizando alguna marcha de protesta a favor de sus colegas como sí lo hicieron con RCTV, cadena venezolana a la que se le había terminado la licencia. La utilización hipócrita de la "libertad de expresión" cumple una función represiva de los grandes poderes que controlan el país contra aquellos que cuestionan el sistema, pero es bienvenida cuando se trata de proteger sus intereses.
La consulta popular planificada en Piura es legítima y busca la reflexión del gobierno y de las empresas mineras para que entiendan que una buena inversión es aquella que paga impuestos y regalías, genera transferencias tecnológicas, da empleo y busca el desarrollo y mejora de la calidad de vida de los habitantes, respetando su medio ambiente. Este es un problema nacional y Majaz un precedente importante de que el habitante de zonas mineras ya no se quedará de brazos cruzados.
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