Desde que Fujimori arribó a Chile, algunas voces dentro del Perú sospecharon de la "casualidad" que significaba esta escala en el vecino del sur. Ahora, luego de muchos hechos decepcionantes, es evidente que Fujimori se va constituyendo en un instrumento importante que el gobierno de Chile maneja para enfrentar las relaciones bilaterales con el Perú.
En efecto, el mismo gobierno chileno blindó a Fujimori con la Ley 20074 que señala que para los hechos cometidos hasta el 16-12-2000 se aplicará el código procesal de 1934 que señala que para extraditar a alguien deberá "acreditarse" que éste cometió los delitos. Esta Ley anula la aplicación del vigente código procesal chileno para el cual deben existir sólo "indicios razonables".
Lo curioso es que esta nueva ley se promulga 5 días después de que Fujimori arribara a Chile y es sobre la cual se basa el juez Orlando Álvarez para señalar que no se ha "acreditado" la comisión del delito.
Sobre esto, el desentendimiento del gobierno peruano ha sido revelador y pone al descubierto la alianza fuji-alanista que le permite una mayoría congresal, pero sobre todo la continuidad de un modelo autoritario, liberal y en el que los derechos humanos son sólo un cliché. Por eso, a García le conviene que el chino esté afuera, pues si viene extraditado por los delitos de lesa humanidad, tendría que adoptar una posición clara con respecto a los derechos humanos y con ello colisionar la mayoría consensuada al interior del Congreso. Y, si viene por delitos menores, tendría que enfrentar las duras críticas de la sociedad civil que le encara la inexistente presión política que mantiene en este proceso. Como siempre, la necesidad de justicia del pueblo peruano se subordina a los intereses políticos del gobernante de turno.
La extradición, por mientras, es un cuento chino, y se definirá en el juego de las relaciones bilaterales, pues si bien está la Ley que blinda a Fujimori, también existen otras como la misma Constitución chilena, que limita a su soberanía el respeto a los derechos humanos. Chile tiene el camino legal para extraditar al prófugo y la sartén por el mango, sólo depende de un análisis de la conveniencia para proceder.
En efecto, el mismo gobierno chileno blindó a Fujimori con la Ley 20074 que señala que para los hechos cometidos hasta el 16-12-2000 se aplicará el código procesal de 1934 que señala que para extraditar a alguien deberá "acreditarse" que éste cometió los delitos. Esta Ley anula la aplicación del vigente código procesal chileno para el cual deben existir sólo "indicios razonables".
Lo curioso es que esta nueva ley se promulga 5 días después de que Fujimori arribara a Chile y es sobre la cual se basa el juez Orlando Álvarez para señalar que no se ha "acreditado" la comisión del delito.
Sobre esto, el desentendimiento del gobierno peruano ha sido revelador y pone al descubierto la alianza fuji-alanista que le permite una mayoría congresal, pero sobre todo la continuidad de un modelo autoritario, liberal y en el que los derechos humanos son sólo un cliché. Por eso, a García le conviene que el chino esté afuera, pues si viene extraditado por los delitos de lesa humanidad, tendría que adoptar una posición clara con respecto a los derechos humanos y con ello colisionar la mayoría consensuada al interior del Congreso. Y, si viene por delitos menores, tendría que enfrentar las duras críticas de la sociedad civil que le encara la inexistente presión política que mantiene en este proceso. Como siempre, la necesidad de justicia del pueblo peruano se subordina a los intereses políticos del gobernante de turno.
La extradición, por mientras, es un cuento chino, y se definirá en el juego de las relaciones bilaterales, pues si bien está la Ley que blinda a Fujimori, también existen otras como la misma Constitución chilena, que limita a su soberanía el respeto a los derechos humanos. Chile tiene el camino legal para extraditar al prófugo y la sartén por el mango, sólo depende de un análisis de la conveniencia para proceder.
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