El escándalo Ríos no hace más que evidenciar el nivel de componenda política que se cuece en el territorio de Mechita. Fiel al mandato de Alan García, Cabanillas adelantó la elección del TC queriendo poner fin a la tarea de una comisión cuyo presidente, el compañero Pastor, ha sido cuestionado por mantener bajo siete llaves las hojas de vida de los candidatos y, en fin, la transparencia de la tarea encomendada.
La oposición acertadamente ha solicitado una comisión de investigación de esta "fiesta" donde se ha certificado la influencia que todavía tiene Mantilla en el entorno del poder pero que es clara consecuencia de la forma de evaluar y elegir al TC. La opinión pública ha rechazado sobre todo el procedimiento de elección dentro del cual Ríos es sólo una anécdota. El sistema político actual que obliga a pactar tanto para la elección del Tribunal como para otros cargos relevantes en el Estado, no garantiza que los puestos se ganen por la competencia profesional o por afinidad de principios sino por cupos o compromisos partidarios. El TC se convierte así en una especie de segunda cámara "reflexiva" que vela por los intereses de las bancadas que lo votaron.
El Estado debe empezar a ser descolonizado por los partidos políticos que en su afán por ganar poder tratan de copar los cargos públicos. El problema del actual escándalo quedaría zanjado con partir nuevamente de cero con una nueva comisión evaluadora que el APRA no presida y con una elección uno por uno. Pero lo más importante es el método de elección que debe ser analizado, tomando en cuenta alternativas como la elección popular. Luego de una evaluación realizada por una comisión constituida, entre otros, por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Colegio de abogados, se podría proceder a la elección popular del TC. Esta misma fórmula podría aplicarse para la Defensoría del Pueblo y los directores del BCR, por ejemplo. Lo medular es que debe cambiarse este sistema, no es posible que la instancia última donde se apela frente a las irregularidades de un Poder Judicial corrupto y la última vía que tiene el ciudadano para su defensa sea puesto a dedo por las componendas políticas de las bancadas.
La oposición acertadamente ha solicitado una comisión de investigación de esta "fiesta" donde se ha certificado la influencia que todavía tiene Mantilla en el entorno del poder pero que es clara consecuencia de la forma de evaluar y elegir al TC. La opinión pública ha rechazado sobre todo el procedimiento de elección dentro del cual Ríos es sólo una anécdota. El sistema político actual que obliga a pactar tanto para la elección del Tribunal como para otros cargos relevantes en el Estado, no garantiza que los puestos se ganen por la competencia profesional o por afinidad de principios sino por cupos o compromisos partidarios. El TC se convierte así en una especie de segunda cámara "reflexiva" que vela por los intereses de las bancadas que lo votaron.
El Estado debe empezar a ser descolonizado por los partidos políticos que en su afán por ganar poder tratan de copar los cargos públicos. El problema del actual escándalo quedaría zanjado con partir nuevamente de cero con una nueva comisión evaluadora que el APRA no presida y con una elección uno por uno. Pero lo más importante es el método de elección que debe ser analizado, tomando en cuenta alternativas como la elección popular. Luego de una evaluación realizada por una comisión constituida, entre otros, por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Colegio de abogados, se podría proceder a la elección popular del TC. Esta misma fórmula podría aplicarse para la Defensoría del Pueblo y los directores del BCR, por ejemplo. Lo medular es que debe cambiarse este sistema, no es posible que la instancia última donde se apela frente a las irregularidades de un Poder Judicial corrupto y la última vía que tiene el ciudadano para su defensa sea puesto a dedo por las componendas políticas de las bancadas.
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