La gruesa ambición de control de las instituciones del Estado ha llevado al partido de gobierno a fomentar el levantamiento del fuero a 8 congresistas de la oposición. Aquellos que defendiendo la voluntad del pueblo expresada el 9 de abril, irrumpieron en son de protesta cuando en el Pleno se debatía entre gallos y medianoche la ratificación del TLC.
Este caso no tiene precedencia alguna, hasta ahora no se ha procesado a miembros del Congreso que en su momento tuvieron semejantes actitudes. Y, esto ha sido así porque se estuvo claro que fueron hechos políticos y no delincuenciales. Recuérdese sino la célebre pelea entre Javier Diez Canseco y Espichán o la bronca Olivera-Rómulo León, las ollas puestas en la Mesa Directiva por Anel Towsend o la agresión de Martha Chavez a un miembro de seguridad del Congreso mientras pretendía instalarse estando suspendida. Ninguna de estas acciones tuvo la sanción del desafuero. El amparo ahora es la leguleyada de la "alteración del orden" tramada por el Apra que iguala cualquier tipo de manifestación política o social con una conducta delincuencial.
A partir de esta fórmula, la judicialización de la protesta social y política viene caracterizando al gobierno en su afán por adormecer a la oposición. Fuera del Congreso, las manifestaciones sociales de protesta son reprimidas y perseguidos todos aquellos que fomenten, según ellos, el desorden en el país.
Pero las movidas del oficialismo no serían verificadas sin la colaboración de algunos medios de comunicación. Los afectos al gobierno, levantan la noticia según los intereses del Ejecutivo que se encarga de acallar, o cerrar como en Áncash, aquellos medios no alineados y con voces críticas. La compra de líneas editoriales es una práctica nefasta heredada de un régimen nefasto y que Garrido Lecca ha continuado "para levantar su imagen". Comprar noticias con contratos firmados, sin embargo, suena muy ingenuo para la mayoría de apristas con experiencia, quienes aplicarían la misma táctica por lo bajo manejando los fondos de "gastos reservados" de instituciones como la Dirección de Inteligencia que sólo el gobierno sabe para qué se utilizan.
Este caso no tiene precedencia alguna, hasta ahora no se ha procesado a miembros del Congreso que en su momento tuvieron semejantes actitudes. Y, esto ha sido así porque se estuvo claro que fueron hechos políticos y no delincuenciales. Recuérdese sino la célebre pelea entre Javier Diez Canseco y Espichán o la bronca Olivera-Rómulo León, las ollas puestas en la Mesa Directiva por Anel Towsend o la agresión de Martha Chavez a un miembro de seguridad del Congreso mientras pretendía instalarse estando suspendida. Ninguna de estas acciones tuvo la sanción del desafuero. El amparo ahora es la leguleyada de la "alteración del orden" tramada por el Apra que iguala cualquier tipo de manifestación política o social con una conducta delincuencial.
A partir de esta fórmula, la judicialización de la protesta social y política viene caracterizando al gobierno en su afán por adormecer a la oposición. Fuera del Congreso, las manifestaciones sociales de protesta son reprimidas y perseguidos todos aquellos que fomenten, según ellos, el desorden en el país.
Pero las movidas del oficialismo no serían verificadas sin la colaboración de algunos medios de comunicación. Los afectos al gobierno, levantan la noticia según los intereses del Ejecutivo que se encarga de acallar, o cerrar como en Áncash, aquellos medios no alineados y con voces críticas. La compra de líneas editoriales es una práctica nefasta heredada de un régimen nefasto y que Garrido Lecca ha continuado "para levantar su imagen". Comprar noticias con contratos firmados, sin embargo, suena muy ingenuo para la mayoría de apristas con experiencia, quienes aplicarían la misma táctica por lo bajo manejando los fondos de "gastos reservados" de instituciones como la Dirección de Inteligencia que sólo el gobierno sabe para qué se utilizan.
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