La austeridad es loable en un gobierno que tiene el objetivo de conseguir el desarrollo, pero, cuando el anuncio se hace cotidiano utilizando banderas que no significan grandes cambios, se delata la demagogia política y la falta de rumbo. Si seguimos así, habremos generado al Estado un gasto mucho mayor por los costos de los mensajes del gobierno en cadena nacional, en relación a lo que se pretende ahorrar. Amén, por supuesto, de lo que se deja de ganar por la inoperancia en ciertos temas, como en el impuesto a las sobreganancias mineras.
El anuncio del Ejecutivo de reducir los salarios de los alcaldes revela no sólo la inadecuada utilización de un mensaje a la nación sino un espíritu de avasallamiento político. Arrollar de esta manera la autonomía de las municipalidades no corresponde a la época donde se debiera fomentar el respeto a las instituciones. La rebaja de sueldos es una medida lógica, peruano pobre y alcalde rico no concuerdan, pero plantear así una relación entre el gobierno nacional y los locales no ayuda a generar un compromiso y respeto mutuo. Pronto veremos atisbos de corrupción pues los funcionarios no aceptarán de buena gana un recorte impuesto del salario y tratarán de recuperar su sueldo elevando los viáticos o empleando recursos municipales para el beneficio propio, lo que no es cuento chino ni nuevo.
Tomar decisiones que afecten a otros sin consulta y apartándose del cauce legal conlleva una visión autoritaria del poder. La rebaja de sueldos, necesaria en algunos casos, corresponde realizarse respetando la autonomía administrativa de los municipios. Una alternativa "democrática y consensuada" daría mayor legitimidad que la opción populista adoptada. Las experiencias de presupuesto participativo donde las organizaciones de vecinos y sus autoridades deciden en Asamblea la prioridad de las obras, son rescatables y pueden ser aplicables para determinar el salario de los funcionarios municipales. Así, nos evitamos intervencionismos y permitimos que el Ejecutivo se ocupe de los grandes problemas nacionales, mientras que los vecinos ejercen ciudadanía mediante el control de la gestión municipal.
El anuncio del Ejecutivo de reducir los salarios de los alcaldes revela no sólo la inadecuada utilización de un mensaje a la nación sino un espíritu de avasallamiento político. Arrollar de esta manera la autonomía de las municipalidades no corresponde a la época donde se debiera fomentar el respeto a las instituciones. La rebaja de sueldos es una medida lógica, peruano pobre y alcalde rico no concuerdan, pero plantear así una relación entre el gobierno nacional y los locales no ayuda a generar un compromiso y respeto mutuo. Pronto veremos atisbos de corrupción pues los funcionarios no aceptarán de buena gana un recorte impuesto del salario y tratarán de recuperar su sueldo elevando los viáticos o empleando recursos municipales para el beneficio propio, lo que no es cuento chino ni nuevo.
Tomar decisiones que afecten a otros sin consulta y apartándose del cauce legal conlleva una visión autoritaria del poder. La rebaja de sueldos, necesaria en algunos casos, corresponde realizarse respetando la autonomía administrativa de los municipios. Una alternativa "democrática y consensuada" daría mayor legitimidad que la opción populista adoptada. Las experiencias de presupuesto participativo donde las organizaciones de vecinos y sus autoridades deciden en Asamblea la prioridad de las obras, son rescatables y pueden ser aplicables para determinar el salario de los funcionarios municipales. Así, nos evitamos intervencionismos y permitimos que el Ejecutivo se ocupe de los grandes problemas nacionales, mientras que los vecinos ejercen ciudadanía mediante el control de la gestión municipal.
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