En este momento no hay peor vergüenza que haber pertenecido a este gobierno, y no solo por su falta de rumbo, sino por la intimidación que supone haber dejado el cargo. Por eso Vallejo se aferra como ministro; renunciar implicaría que Alan y compañía lo satanicen post mortem, como sucedió con Mazzetti y Jiménez.
Quien no quiere ser demolido por la prensa pro-García o su entorno, llega a la indignidad de tragar sus palabras. Como Del Castillo, que debió defender la anulación del contrato con Gildemeister cuando un día antes sostenía la renegociación. Mientras hacía el papelón, su presidente se distraía tirando periódicos al suelo.
Así es García, trata de limpiarse con los escombros de su gestión y manipula temas como el de la corrupción para dárselas de guardián de la honestidad. Pero la sobreactuación no le queda. Nadie puede creer en una lucha frontal en contra de lo que él instauró como sistema en su pasado gobierno.
García sabe hace rato que la corrupción campea impune, y más en los contratos entre Estado y transnacionales. Su perfecto conocimiento lo lleva a afirmar que la corrupción se lleva el 10% de cada contrato. Si esto pasa con las camionetas, donde se negoció un monto menor, ¿se imaginan el nivel de corrupción en los contratos mineros, en el de Camisea, en el de Las Bambas o en el del Tren Eléctrico? ¿Cuánto y quienes se habrán llevado buenas comisiones en perjuicio nuestro?
Y si se demostrara que hay corrupción, ¿es posible revisar o anular esos contratos? Lamentablemente no, porque tienen un gran aliado, los Contratos Ley (Artículo 62 de la Constitución Fujimorista). Esta fechoría ha tenido un doble objetivo: primero, asegurar una ganancia desmesurada para las transnacionales y, segundo, blindar la corrupción. Volvemos a lo mismo, con esta Constitución no avanzamos. De nada sirve que García siga llenándose la boca para aparentar ante la población ser el adalid de esta lucha si no procede en consecuencia, como dice el adagio "dime de lo que te ufanas y te diré lo que te falta".
Quien no quiere ser demolido por la prensa pro-García o su entorno, llega a la indignidad de tragar sus palabras. Como Del Castillo, que debió defender la anulación del contrato con Gildemeister cuando un día antes sostenía la renegociación. Mientras hacía el papelón, su presidente se distraía tirando periódicos al suelo.
Así es García, trata de limpiarse con los escombros de su gestión y manipula temas como el de la corrupción para dárselas de guardián de la honestidad. Pero la sobreactuación no le queda. Nadie puede creer en una lucha frontal en contra de lo que él instauró como sistema en su pasado gobierno.
García sabe hace rato que la corrupción campea impune, y más en los contratos entre Estado y transnacionales. Su perfecto conocimiento lo lleva a afirmar que la corrupción se lleva el 10% de cada contrato. Si esto pasa con las camionetas, donde se negoció un monto menor, ¿se imaginan el nivel de corrupción en los contratos mineros, en el de Camisea, en el de Las Bambas o en el del Tren Eléctrico? ¿Cuánto y quienes se habrán llevado buenas comisiones en perjuicio nuestro?
Y si se demostrara que hay corrupción, ¿es posible revisar o anular esos contratos? Lamentablemente no, porque tienen un gran aliado, los Contratos Ley (Artículo 62 de la Constitución Fujimorista). Esta fechoría ha tenido un doble objetivo: primero, asegurar una ganancia desmesurada para las transnacionales y, segundo, blindar la corrupción. Volvemos a lo mismo, con esta Constitución no avanzamos. De nada sirve que García siga llenándose la boca para aparentar ante la población ser el adalid de esta lucha si no procede en consecuencia, como dice el adagio "dime de lo que te ufanas y te diré lo que te falta".
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