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El otro Pacto (19/02/07)

En cualquier momento, si las relaciones bilaterales siguen como están, Arica y Tarapacá podrían volver a ser reclamadas como peruanas. En efecto, el desconocimiento del Tratado del 29 en el proyecto de ley chileno que recorta 37,000 m2 de Tacna, nos daría pie para reclamar la ilegitimidad del acuerdo. La lógica es simple: si Chile no acepta la Línea de la Concordia como límite, ¿por qué nosotros debemos aceptar la anexión de Arica y Tarapacá acordada en el mismo Tratado que hoy se pretende desconocer?

Recusar el Tratado, sin embargo, no es el camino que debe marcar la posición peruana anclada en el respeto al derecho internacional. La vía jurídica de resolución es apelar a la competencia de los tribunales de La Haya. Pero ¿cuál es la posición de García al respecto?

En este tema, como en el pacto con Fujimori, García tiene una posición clara. Así lo han hecho saber representantes del gobierno chileno con quienes García comprometió su palabra como Presidente de la República para no tocar el tema limítrofe ni llevar el asunto hasta La Haya durante su gobierno. Con esta actitud, claudicó en la defensa de nuestra soberanía, supeditando los intereses nacionales a intereses subalternos y configurando una gravísima infracción constitucional que el Congreso debería investigar en profundidad.

Solo la existencia de este pacto explica por qué aún el Perú no va a La Haya, pese a que Chile ha reconocido que las negociaciones diplomáticas yacen agotadas desde hace tiempo. Entonces ¿de qué habla García cuando dice "vamos a renegociar"? La sinceridad, de la cual carece, lo obligaría a aceptar que protege a Chile en sus demandas limítrofes y que ya la etapa de negociación diplomática acabó.

Chile pretende despojar al Perú de 38,038 Km2 del Mar de Grau, 37,000 m2 de territorio tacneño y un añadido de 27,000 km2 de mar llamado "mar presencial". ¿Cómo frenar este atropello? Aun con la disconformidad de García, es necesario que este tema se promueva como prioritario y de interés nacional por los grupos políticos, sectores sociales y población organizada para exigir al gobierno recurrir a los tribunales de La Haya. Solo así podremos romper otro pacto perverso de García.

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