En la toma de posesión de Daniel Ortega en Nicaragua y de Rafael Correa en Quito, acompañé a Ollanta y comprobé que estas victorias se suman a la corriente de gobiernos progresistas en Latinoamérica, cuyos proyectos políticos reclaman la aspiración de los pueblos por una sociedad más justa y el anhelo de una Latinoamérica unida.
La partidocracia tradicional no se da cuenta de cuál ha sido el fundamento del cambio en Bolivia, Brasil, Venezuela y ahora en Nicaragua y en Ecuador, donde estos proyectos han ganado por KO. Las políticas neoliberales que fueron implantadas en las constituciones latinoamericanas y que dieron y protegieron el poder económico a una minoría autoritaria y excluyente, fueron cuestionadas por estos gobiernos que en la mayoría de casos, dieron paso a una Constituyente para promover una nueva y participativa constitución, a pesar de las resistencias de los sectores más conservadores.
La Constituyente sirve para dar poder al pueblo y construir una legitimidad real para los poderes públicos. Lo importante de la Constituyente, en el Perú, no reside en cerrar o no este Congreso, lo relevante es poder definir colectivamente las orientaciones estratégicas y establecer reglas de juego que hagan prevalecer los anhelos de la mayoría. Necesitamos redefinir quién dirige el país, si es la voluntad de la mayoría de ciudadanos o es el interés de una oligarquía con poderes despóticos.
Requerimos de una Constituyente que propicie una nueva Constitución donde se permita rescatar, para el pueblo, nuestros recursos naturales y admita la participación activa del Estado en la economía y desarrollo del país, es decir, que consienta erradicar aquel capítulo económico infame y obligue a replantear las relaciones del Estado con la economía y el capital transnacional. Nadie ha dicho que será fácil; de hecho, no lo es. Los bolivianos son testigos, y los ecuatorianos lo serán pronto. La Constituyente no es el objetivo: es el medio. Sin Constituyente no puede haber garantías de que se produzca una verdadera emancipación del pueblo peruano.
Tenerle miedo a una Constituyente democrática es tenerle miedo a la democracia. Alan García lleva razón cuando afirma que promover una Constituyente es instaurar el desorden en el país. "Desordenar" quizás es lo que necesitamos en el Perú: desordenar la corrupción, los abusos de autoridad. Desordenar los desequilibrios sociales y económicos existentes, desordenar la miseria, el racismo. Desordenar las limosnas de las mineras que no pagan impuestos. Quizás, en efecto, una Constituyente sirviera para "desordenar" la relación de quién manda y quién obedece, que estableció la Constitución fujimontesinista. En un Estado democrático, el que manda es el pueblo. Son formas radicalmente diferentes de entender qué es lo que le conviene al Perú, y los vientos en Latinoamérica, no soplan a favor del Sr. García.
La partidocracia tradicional no se da cuenta de cuál ha sido el fundamento del cambio en Bolivia, Brasil, Venezuela y ahora en Nicaragua y en Ecuador, donde estos proyectos han ganado por KO. Las políticas neoliberales que fueron implantadas en las constituciones latinoamericanas y que dieron y protegieron el poder económico a una minoría autoritaria y excluyente, fueron cuestionadas por estos gobiernos que en la mayoría de casos, dieron paso a una Constituyente para promover una nueva y participativa constitución, a pesar de las resistencias de los sectores más conservadores.
La Constituyente sirve para dar poder al pueblo y construir una legitimidad real para los poderes públicos. Lo importante de la Constituyente, en el Perú, no reside en cerrar o no este Congreso, lo relevante es poder definir colectivamente las orientaciones estratégicas y establecer reglas de juego que hagan prevalecer los anhelos de la mayoría. Necesitamos redefinir quién dirige el país, si es la voluntad de la mayoría de ciudadanos o es el interés de una oligarquía con poderes despóticos.
Requerimos de una Constituyente que propicie una nueva Constitución donde se permita rescatar, para el pueblo, nuestros recursos naturales y admita la participación activa del Estado en la economía y desarrollo del país, es decir, que consienta erradicar aquel capítulo económico infame y obligue a replantear las relaciones del Estado con la economía y el capital transnacional. Nadie ha dicho que será fácil; de hecho, no lo es. Los bolivianos son testigos, y los ecuatorianos lo serán pronto. La Constituyente no es el objetivo: es el medio. Sin Constituyente no puede haber garantías de que se produzca una verdadera emancipación del pueblo peruano.
Tenerle miedo a una Constituyente democrática es tenerle miedo a la democracia. Alan García lleva razón cuando afirma que promover una Constituyente es instaurar el desorden en el país. "Desordenar" quizás es lo que necesitamos en el Perú: desordenar la corrupción, los abusos de autoridad. Desordenar los desequilibrios sociales y económicos existentes, desordenar la miseria, el racismo. Desordenar las limosnas de las mineras que no pagan impuestos. Quizás, en efecto, una Constituyente sirviera para "desordenar" la relación de quién manda y quién obedece, que estableció la Constitución fujimontesinista. En un Estado democrático, el que manda es el pueblo. Son formas radicalmente diferentes de entender qué es lo que le conviene al Perú, y los vientos en Latinoamérica, no soplan a favor del Sr. García.
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