El colapso en la lucha contra el narcotráfico y sobre todo la falta de políticas de Estado que a mediano y largo plazo aseguren el desarrollo del agro en nuestro país, ha originado el aumento del cultivo de hojas de coca en la Selva Central y mas aun, que la mayor parte de esta producción sea utilizada en la elaboración de sustancias tóxicas.
Los gobiernos de turno han fallado al insistir con necedad que el problema debe combatirse a través de medidas dirigidas por el Ministerio del Interior pasando por alto la naturaleza eminentemente agrícola de este fenómeno. La falta de producción nacional, la carencia de incentivos, un Banco Agrario sin presupuesto e incluso la firma del TLC con Estados Unidos ha hecho fracasar la política antinarcóticos que tras 20 años de aplicación lo único que ha logrado es obligar a los agricultores a migrar desde la Sierra hacia la ceja de Selva, a las zonas cocaleras, en busca de una oportunidad para sobrevivir.
La propuesta del Partido Nacionalista que se hizo pública a través de diferentes medios de comunicación fue plantear la separación de los agricultores y sus dirigentes de aquellos grupos delincuenciales y acercarlos cada vez más al Estado, hacerlos sujetos de crédito con la compra de sus cultivos por un lapso de cinco años con la única condición de reconvertir su producción en ese tiempo.
El primer paso a dar por el Ejecutivo es el cumplimiento del Acta de Tocache que firmó el ministro Juan José Salazar junto a varios dirigentes cocaleros, el empadronamiento del total de productores de Huánuco, San Martín, Pucallpa, Madre de Dios, Apurímac, Cusco y Ayacucho, para establecer así, quiénes se comprometen, en un tiempo razonable a aceptar la reconversión de sus cultivos.
Cuando este tipo de medidas todavía no se ha dado y la situación se presenta delicada en los valles cocaleros se producen hechos de conflicto entre los representantes del Gobierno y los agricultores. Esta violencia que se presenta de ambos lados debe terminar pero la solución no se encuentra en la represión, ni en el corto plazo.
Los gobiernos de turno han fallado al insistir con necedad que el problema debe combatirse a través de medidas dirigidas por el Ministerio del Interior pasando por alto la naturaleza eminentemente agrícola de este fenómeno. La falta de producción nacional, la carencia de incentivos, un Banco Agrario sin presupuesto e incluso la firma del TLC con Estados Unidos ha hecho fracasar la política antinarcóticos que tras 20 años de aplicación lo único que ha logrado es obligar a los agricultores a migrar desde la Sierra hacia la ceja de Selva, a las zonas cocaleras, en busca de una oportunidad para sobrevivir.
La propuesta del Partido Nacionalista que se hizo pública a través de diferentes medios de comunicación fue plantear la separación de los agricultores y sus dirigentes de aquellos grupos delincuenciales y acercarlos cada vez más al Estado, hacerlos sujetos de crédito con la compra de sus cultivos por un lapso de cinco años con la única condición de reconvertir su producción en ese tiempo.
El primer paso a dar por el Ejecutivo es el cumplimiento del Acta de Tocache que firmó el ministro Juan José Salazar junto a varios dirigentes cocaleros, el empadronamiento del total de productores de Huánuco, San Martín, Pucallpa, Madre de Dios, Apurímac, Cusco y Ayacucho, para establecer así, quiénes se comprometen, en un tiempo razonable a aceptar la reconversión de sus cultivos.
Cuando este tipo de medidas todavía no se ha dado y la situación se presenta delicada en los valles cocaleros se producen hechos de conflicto entre los representantes del Gobierno y los agricultores. Esta violencia que se presenta de ambos lados debe terminar pero la solución no se encuentra en la represión, ni en el corto plazo.
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