El gobierno nos ha explicado de dos maneras el hecho de que durante el terremoto del 15 de agosto las comunicaciones telefónicas entraran en colapso. Se nos ha dicho que las líneas se cayeron porque literalmente se rompieron los cables y, con ellos, la fibra óptica que transporta la comunicación. Y también, como para no creerlo, que después de trece años de monopolio, el número reducido de antenas haya sido insuficiente para soportar una emergencia de esta magnitud.
Lo cierto es que Telefónica no tuvo un plan de emergencia ni una línea dispuesta para ello como debe tener toda empresa de telefonía en el mundo por obligación. Y lo increíble es que la viceministra y ministra de Transportes y Comunicaciones, en ese orden, se convirtieron en las portavoces de la empresa española para defenderla de las críticas y explicar al público que el colapso en las comunicaciones tiene sus razones lógicas. De Ripley.
¿Dónde estuvo el plan de prevención de una empresa que por años ha mantenido el monopolio de la telefonía en el país, que ha marcado el precio de las tarifas y que se jacta de tener en su red a la mayoría de ciudadanos con una portátil? Tal y como ha señalado el presidente, la telefonía móvil ha aumentado considerablemente este año pero, ¿de qué sirve si en momentos de emergencia no se puede utilizar?
El contrato de Telefónica, como el de otras empresas, se enmarca dentro de un modelo económico que prioriza la rentabilidad del capital sobre el desarrollo e incluso sobre la seguridad y las actividades estratégicas que el país debe mantener. Por eso, en este caso, el poder económico de la empresa española se impuso a sus responsabilidades para con el Estado que le permitió la concesión, y cuenta para ello con el apoyo del gobierno que prefiere sacrificar la seguridad por la rentabilidad privada. Es evidente que este asunto obliga a una sanción, motivo seguro de un manejo por parte de la oposición ante un Ejecutivo que se negará a castigar como se debe a la empresa bandera de las privatizaciones, más aun cuando ya se apresuró en defenderla, porque con ello defiende también su modelo económico de más privatización y menos Estado.
Lo cierto es que Telefónica no tuvo un plan de emergencia ni una línea dispuesta para ello como debe tener toda empresa de telefonía en el mundo por obligación. Y lo increíble es que la viceministra y ministra de Transportes y Comunicaciones, en ese orden, se convirtieron en las portavoces de la empresa española para defenderla de las críticas y explicar al público que el colapso en las comunicaciones tiene sus razones lógicas. De Ripley.
¿Dónde estuvo el plan de prevención de una empresa que por años ha mantenido el monopolio de la telefonía en el país, que ha marcado el precio de las tarifas y que se jacta de tener en su red a la mayoría de ciudadanos con una portátil? Tal y como ha señalado el presidente, la telefonía móvil ha aumentado considerablemente este año pero, ¿de qué sirve si en momentos de emergencia no se puede utilizar?
El contrato de Telefónica, como el de otras empresas, se enmarca dentro de un modelo económico que prioriza la rentabilidad del capital sobre el desarrollo e incluso sobre la seguridad y las actividades estratégicas que el país debe mantener. Por eso, en este caso, el poder económico de la empresa española se impuso a sus responsabilidades para con el Estado que le permitió la concesión, y cuenta para ello con el apoyo del gobierno que prefiere sacrificar la seguridad por la rentabilidad privada. Es evidente que este asunto obliga a una sanción, motivo seguro de un manejo por parte de la oposición ante un Ejecutivo que se negará a castigar como se debe a la empresa bandera de las privatizaciones, más aun cuando ya se apresuró en defenderla, porque con ello defiende también su modelo económico de más privatización y menos Estado.
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