DE FRENTE / Nadine Heredia

La extradición de Fujimori al Perú sienta un precedente histórico. Por primera vez un representante civil del Estado responderá por las acusaciones de violación a los DDHH. Hasta ahora la responsabilidad del Estado durante el período de la violencia política lo han afrontado los militares, quienes actuaron por órdenes emitidas desde Palacio de gobierno con manuales operativos fabricados durante la primera gestión de García. Con la extradición de Fujimori no sólo se reivindica la lucha de las organizaciones sociales y las gestas militares del 13 de noviembre de l992 y de Locumba el 29 de octubre del 2000 que se enfrentaron a la corrupción de su Gobierno, sino también se abre el camino para el juzgamiento por DDHH de altos funcionarios desde comienzos de los 80. Quizá por ello no le convenía al gobierno actual traer a Fujimori, de ahí su desidia en el caso. Esto, ligado al pacto para garantizar la mayoría congresal y la continuidad de un modelo político-económico, hacían prever que Garcí

Hace aproximadamente 4 siglos a. C., Sócrates demostró que en política todos tenemos derecho a opinar. Lamentablemente el gobierno no piensa igual cuando se trata de la libertad de opinión de aquellos afectados por la minería. Más allá de discutir si la consulta tiene carácter vinculante o no, la actitud del gobierno denota el miedo que las élites dominantes tienen a una verdadera democracia donde el pueblo participe y sea consultado sobre las actividades a realizarse dentro de su jurisdicción. Evidentemente esta actitud del gobierno pone en tela de juicio su tan mentada defensa a la libertad de expresión y desnuda la intención de utilizar este principio sólo para amparar aquello que comulga con sus ideas pero no para permitir el derecho ciudadano de acceder a los medios de comunicación y menos para legitimar a aquellos periodistas y medios opositores. El amedrentamiento a periodistas y medios se ha extendido desde principios del gobierno, el cierre de 3 radios y 3 televisoras en Áncas

Desde que Fujimori arribó a Chile, algunas voces dentro del Perú sospecharon de la "casualidad" que significaba esta escala en el vecino del sur. Ahora, luego de muchos hechos decepcionantes, es evidente que Fujimori se va constituyendo en un instrumento importante que el gobierno de Chile maneja para enfrentar las relaciones bilaterales con el Perú. En efecto, el mismo gobierno chileno blindó a Fujimori con la Ley 20074 que señala que para los hechos cometidos hasta el 16-12-2000 se aplicará el código procesal de 1934 que señala que para extraditar a alguien deberá "acreditarse" que éste cometió los delitos. Esta Ley anula la aplicación del vigente código procesal chileno para el cual deben existir sólo "indicios razonables". Lo curioso es que esta nueva ley se promulga 5 días después de que Fujimori arribara a Chile y es sobre la cual se basa el juez Orlando Álvarez para señalar que no se ha "acreditado" la comisión del delito. Sobre esto, el d

El cambio responsable que tanto propagaba el gobierno cobra una importancia gravitante en lo que se refiere al gabinete ministerial tantas veces mentado en casos de corrupción y de incompetencia. La celeridad con que se procesó la renuncia de Mazzetti hizo parecer que el gobierno no aguantaría escándalos dentro de sus fueros. Pese a ello, las acciones del reemplazante ministro Alva Castro no han merecido posición alguna del gobierno que no sean de apoyo y confianza, aunque pesan sobre él cuestionamientos más graves como la licitación de patrulleros y el abuso de autoridad contra dirigentes sindicales, entre otros. Pero este no es el único ministro cuestionado. Garrido Lecca , por su parte, sucumbió a la presión mediática comprando medios periodísticos para publicitar sus obras, y ni qué decir de la ministra Zavala, a quien ya le toca la interpelación no sólo por haberse promocionado como asesora legal de una empresa española en este último colapso telefónico, sino también por el esc